De príncipes y plebeyas

Vox Populi │ Columna

Por Aurelia Fierros

Televisoras europeas y americanas, tabloides y los paparazzi alrededor del primer y del tercer mundo han iniciado el conteo regresivo hacia la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton.  La cobertura mediática de este viernes 29 de abril, estima lograr una audiencia global de unos 2 mil millones de personas.

Según reportes de prensa esta semana, en Nueva York, todo los relacionado con Kate, causa euforia. Las neoyorkinas piden su peinado ondulado a los estilistas; su  atuendo sobrio y a la vez elegante a los modistas, y una réplica del ya icónico anillo de zafiro, a los joyeros.  Se dice que la fiebre nupcial se apoderó de la "Gran Manzana", el epicentro de la moda en Estados Unidos. Aunque, a decir verdad, a nivel nacional, las reacciones han sido menos eufóricas.

Los efectos de la Boda Real en países como México --una nación cuya emancipación de la monarquía española hace 200 años resultó en procesos sociales que desde entonces se han venido agudizando y le azotan cada 100- son simplemente, sorprendentes. ¿Quién imaginaría --por ejemplo- que, con la ola de brutalidad y violencia que tiene azorado medio país, a una adolecente  le preocupe más asistir al ágape nupcial transoceánico, que la tragedia de los 36 mil muertos del presente sexenio o incluso que (ciertamente, lo siguiente suena cruel pero no por ello menos  verosímil), la posibilidad de ser baleada o decapitada por algún esbirro en el intento? 

Estibalis Georgina Chávez, de 19 años de edad y obsesionada con asistir a la boda, se declaró en huelga de hambre frente a la embajada británica en la Cd. de México en febrero pasado. Su protesta duró 16 días, pero su petición de ser patrocinada por la Corona Británica fue rechazada. Posteriormente, una asociación cívica mexicana se conmovió y le otorgó un préstamo para financiar su transporte, aunque el más reciente reporte es que no la dejaron entrar al Reino Unido por carecer de recursos con que costear su estadía.  Cosas veredes.  

Entre otros, la Boda Real ha generado también cuestionamientos sobre la utilidad de los sistemas monárquicos en pleno siglo XXI.  Detractores y defensores han avivado el debate.

Algunos le consideran un sistema anacrónico, insostenible y de carácter social y moralmente discriminatorio.

Uno de los argumentos de un grupo de británicos opositores a este sistema es que, utilizar los recursos de los contribuyentes para sustento de la familia real, no solo es incorrecto, sino un derroche y que, ‘heredar’ un monarca como jefe de Estado es incongruente con la idea de una democracia moderna.

Algunos le defienden arguyendo que en el caso de otros sistemas, un presidente o un primer ministro es también una especie de ‘monarca’, solo que electo mediante un proceso distinto. Argumentan que, pese a cualquier tesis, ningún sistema por democrático que se llame, es ‘gobernado’ por las masas; pues son las masas mismas quienes eligen quien los gobierne, otorgándole a tal instancia, un poder hegemónico que a final de cuentas, igualmente, recae en un solo individuo.

A decir de la Organización de las Naciones Unidas, el Reino Unido es una monarquía constitucional que junto con otras 40, se coloca entre los países más desarrollados, acaudalados y transparentes del mundo.  Aunque estas razones, no parecen convencer a sus opositores.     

Para el día de la boda, una buena porción de la población en Londres y en otras ciudades del Reino Unido planea fiestas callejeras durante la fecha ya declarada festiva, mientras grupos opositores planean protestas pacificas.

Un sondeo de opinión realizado por The Sunday Times encontró que un 48 por ciento de los británicos está complacido con el enlace mientras otro 48 se mostró indiferente. Un 18% piensa que la Reina debería pagar la mayoría de los gastos relacionados con el festejo y un 69% que el Príncipe Carlos debería hacerlo de su propio sueldo. Solo el 5% piensa que el financiamiento debería provenir de los contribuyentes.

El estudio realizado hace apenas una semana, también indica que un 35% de la población londinense piensa ver la ceremonia por televisión, a la vez que un número equivalente dijo que no la verá, bajo ninguna circunstancia.

Y mientras el debate continúa, la competencia mediática por los niveles de audiencia también prosigue con una guerra de promociones sobre el tiempo-aire o los desplegados y número de páginas que destinarán al suceso.

De este lado del océano, algunos sondeos de intención revelan datos contradictorios, pero la mayoría coinciden en que, en los Estados Unidos, el interés por ver la transmisión en vivo, es bajo. La Associated Press revela en la encuesta más reciente que sólo un 30 por ciento de la teleaudiencia estadounidense dijo estar ‘segura’ de que verá el acontecimiento en vivo.

No obstante, a algo deben atenerse las principales cadenas estadounidenses que han invertido miles de millones de dólares en esa transmisión --aunque asegurando primero la venta de publicidad con tarifas triple ‘A’.  Los medios más importantes han enviado desde ya a sus presentadores estelares.  Entre otros, Brian Williams de la NBC, la legendaria Barbara Walters y Diane Sawyer de ABC, Anderson Cooper y Piers Morgan de CNN.  

Muchas estaciones televisivas retransmitirán su material en ediciones especiales durante las 24 horas posteriores al ágape y durante todo el fin de semana, además de haber creado múltiples páginas de seguidores en sus propios portales y en las redes sociales, incluidos Facebook y Twitter.   A la euforia por la Boda Real se han unido restaurantes, bares y pubs alrededor del mundo que ofrecerán la transmisión del suceso en pantallas gigantes, invitando al consumo de bebidas alcohólicas y comida. 

Por ahora, el apabullante bombardeo mediático parece opacar la intención de un debate serio sobre la función, utilidad y futuro de las monarquías.  Así las cosas, es innegable que la suntuosidad de la Boda Real es, en sí misma, un gran espectáculo. Pero sobretodo, un negocio redondo.

El 23 de marzo

Vox Populi │ Columna

Por Aurelia Fierros

El 23 de marzo

De la teoría del ‘asesino solitario’ a la entereza de Diana Laura.  De la cultura del esfuerzo, a la desventura nacional.  De las cuatro fallidas comisiones de la verdad, a la impunidad de siempre.  Me llevó diez años regresar a Lomas Taurinas. 

Un atardecer de tinturas rojizas y una escena polvorienta en ese barrio alto de la fronteriza Tijuana son proscenio de la efigie del hijo predilecto de Magdalena de Kino, Sonora.  Ahí estaba.  Erigida como detenida en el tiempo, su imagen inerme, en medio de ese mismo espacio que antes fue escena del crimen; escena inmediatamente manipulada, posteriormente reconstruida.  Ya ni lamentarse es bueno.  Los perros ladran y corren de una esquina a la otra.  La tragedia del olvido empaña los ecos del recuerdo, el dolor por el agravio, la indignación por las promesas despojadas.  Hoy, han pasado ya diecisiete primaveras. 

Detesto escribir en primera persona. Esta vez no tengo opción.  La historia la conocemos todos. El tronido del plomazo que reventó contra la cabeza de Luis Donaldo y la segunda detonación que impactó su abdomen se camuflaron momentáneamente entre el bullicio de la multitud y el mayúsculo volumen de una cumbia que hasta este día me eriza la piel en desazón.  Era ‘La Culebra’.  Cómo olvidarlo.  Fue el 23 de marzo de 1994.

 

Horas después, Jacobo Zabludovsky difundía la noticia en el informativo nacional de Televisa y al resto del mundo a través del hoy inexistente sistema internacional de noticias ECO.  Octavio Paz fue el primero que habló de un magnicidio y llamó a la unidad nacional en pro de la paz y el respeto al derecho ajeno.   El país, conmocionado, incrédulo.

Nos ordenaron volar de regreso a la Ciudad de México y concentrarnos en el comité de campaña nacional.  Los aeropuertos y hangares estaban custodiados por fuerzas especiales que empuñaban armas de alto poder, perros entrenados para olfatear explosivos. Lo mismo sucedía en la sede de la campaña presidencial.  El arribo me pareció eterno y antes de darnos acceso al edificio en Insurgentes Sur, gafete en mano, con detectores de metal, nos revisaron hasta las muelas.   

Al interior, murmullos, sollozos y nerviosismo. Todo era confusión. Se ordenó ‘de arriba’ la destrucción inmediata de cientos de archivos.  Con asombro vi como centenas de documentos logísticos e información recopilada en los primeros meses del año y la primera etapa de la campaña, eran echados sin distingo a las trituradoras de papel.  Era obvio que hacer preguntas sería una imprudencia.  Poco astuto y arriesgado.  Todos los monitores encendidos. Y ahí nos quedamos, concentrados, sin comer, sin dormir.  Estábamos emocionalmente devastados. Pasaron horas, no sé cuantas.  Unas 72, creo.  Esperábamos instrucciones del Estado Mayor Presidencial, de Los Pinos.

En ese momento la rabia colectiva iba contra Carlos Salinas –por exponer casi estratégicamente a Colosio a las feroces pugnas internas del PRI y a las externas también. Desprotegerlo de tal manera -, contra  Manuel Camacho Solís –el presidenciable resentido que se había quedado sin la candidatura e  hizo lo imposible por desestabilizar la campaña-, contra el Comandante Marcos –por acaparar el protagonismo del momento y tensar el clima nacional-, contra José Córdoba Montoya –por sus presiones para que Colosio renunciara luego del discurso del 6 de marzo con el que rompió con el salinismo- y por supuesto, contra Ernesto Zedillo, quien se erigía como el ‘ganón’ oportunista al ser el coordinador de la campaña y natural sucesor a la candidatura.   Al menos, esa era la percepción pública.

Mientras tanto, entre esos mismos nombres -corrían versiones-, se encontraba el autor intelectual de la conspiración, del atentado.  También se manejaba una presunta colusión con el narcotráfico.   En particular, con el cártel de los hermanos García Abrego, en ese momento, la organización que mayor cantidad de cocaína colombiana introducía a los Estados Unidos y a la cual, Colosio le había rechazado una invitación para reunirse en una comida, dos días antes del crimen.  Nombres de narco políticos presuntamente vinculados de una u otra forma al propio Salinas circularon ampliamente en la prensa internacional, incluyendo The Washington Post.  Todo era posible y todos, sospechosos. 

A 17 años de distancia, el reacomodo de las emergentes oligarquías políticas evidencia que ni son independientes ni mucho menos nuevas. Responden todas a la misma hegemonía ancestral surgida del PRI, ahora encabezada por ex miembros de ese mismo partido. 

Piruetas más piruetas menos, lo que se pretende es la salinización del proyecto de izquierda que nunca fue tal, y a través del PRD, Camacho Solís hace su intentona de regreso junto con otro ex priista, el también salinista Marcelo Ebrard, quien pugnas y egos aparte, le hace segunda con la absurda propuesta de alianzas con el PAN, en un conato de estrategia para echar andar proyectos de gobierno anteriormente frustrados y así figurar en el espectro nacional.

El periodista Carlos Ramírez, lo explicaba elocuentemente en su columna Indicador Político.

“En el fondo quedaría la parte más importante de la alianza PAN-PRD: la propuesta programática de gobierno. Y ahí prevalece la argumentación política e ideológica de Camacho a favor y en defensa del proyecto salinista durante el gobierno de Carlos Salinas: una modernización autoritaria, mercantilista, de rescate del modelo empresarial corporativo, todo de la mano de una estrategia asistencialista de presupuestos sociales no transformadores y si de profundo control social”.

Y ese era exactamente el modelo de control social ‘no transformador’ del que Luis Donaldo Colosio pretendía y había prometido separarse. Carlos Ramírez luego continúa:

“La disputa por el PRD ha cruzado ya el punto de no retorno. Sin Cárdenas ni López Obrador, el partido tendrá un nuevo quiebre político hacia la derecha. Al final, los gobiernos aliancistas se inclinaron más al PAN que al PRD. Lo peor de todo es que el país se quedará sin un partido realmente de izquierda, aunque Ebrard y Camacho digan --horror-- que son de izquierda. La coalición con el PAN será de derecha-derecha”.

Pero si en efecto, lo que Ebrard pretende es taparle el camino al PRI, y si lo que Camacho busca es una ‘venganza’ contra ese partido, al final de cuentas da lo mismo, pues lo trascendente es que ambos están determinados a aplicar el bien aprendido modelo neoliberal salinista.  Un ‘branding’ diferente, pero el mismo producto.  Mientras, los priistas capitalizan el ‘momentum’ de preferencia electoral adverso al PAN debido al descontento y hartazgo por la lucha violenta encabezada por el presidente Calderón, y prevén un triunfo de ‘su gallo’ (que a saber del vulgo, es también el de Salinas) en la elección presidencial de 2012.  En otras palabras, los hilos siguen siendo movidos por los mismos actores políticos.  La misma oligarquía.  

      

Por lo mismo, la posibilidad de la continuidad salinista sigue latente y a casi dos décadas del impune asesinato de Luis Donaldo Colosio, su determinación y sus palabras –que le habrían costado la vida- son tan vigentes como en aquella primavera de 1994. 

“Yo veo un México con hambre y sed de justicia” decía en su discurso de ruptura con el salinismo. “El cambio con rumbo y con responsabilidad, no puede esperar”.

El historiador Enrique Krauze preguntó alguna vez: ¿quién mató a Luis Donaldo Colosio: el odio de la ambición o del desinterés?  ¿Fue víctima de una conspiración tramada por el presidente Salinas?  La respuesta tal vez recaiga en uno, o en muchos, y seguramente, como siempre hemos intuido, nunca se sabrá con certeza.

Ni mártir, ni héroe, simplemente un hombre que intentó terminar con la pretendida continuidad transexenal, reformar al Estado, terminar con la “soberbia” del centro (federalismo) y la corrupción, a costo de su vida.  Diecisiete años y 35 mil muertos después, toca a los mexicanos retomar el timón y propiciar ese cambio con rumbo y con responsabilidad del que hablaba Colosio.  Nadie ha dicho que será fácil.

EE.UU: tolerante a drogadictos, condescendiente con narcos

Vox Populi │ Columna

  Por Aurelia Fierros
 

Los puntos rojos representan los epicentros desde donde las pandillas locales están involucradas en el proceso de distribución de drogas traficadas por los cárteles mexicanos. 

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Amenaza de Drogas 2009, del Centro de Inteligencia Nacional para las Drogas (National Drug Intelligence Center) del  Departamento de Justicia de los Estados Unidos

 

EE.UU: tolerante a drogadictos, condescendiente con narcos

Que los narcos mexicanos han esparcido sus redes por todo Estados Unidos no es noticia.  Lo que causa pasmo y hasta cierto punto indignación, es el doble discurso de la administración Obama que sabe dónde se encuentran, cómo y cuándo operan.

Así quedó evidenciado una semana después de la muerte en suelo mexicano del agente especial estadounidense Jaime Zapata.  Un total de 676 arrestos fueron ejecutados mediante Operation Fallen Hero-Bombardier, una estrategia internacional liderada por los Estados Unidos contra los cárteles mexicanos.

Las agencias de EE.UU. no escatimaron esfuerzos y proporcionando inteligencia a países como Brasil, El Salvador, Panamá, Colombia, y México, lograron el decomiso de US$12 millones en efectivo –de los cuales US$4.5 millones se incautaron en  al menos ocho localidades de Estados Unidos incluyendo San Diego-, 467 kilogramos de cocaína, 21 libras de heroína, casi  40,000 libras de mariguana, 282 armas y 94 vehículos.

Esta reacción predecible pero no por ello menos siniestra por parte de los Estados Unidos se muestra como la evidencia de una falta largamente señalada: su indiferencia y tolerancia extrema hacia el narcomenudeo y consumo doméstico de estupefacientes --siempre y cuando no se rompa el ‘orden social’ en su territorio, o no se interfiera con la labor de sus agentes y personal asignado a  diversos plazas internacionales.

Sin duda, el mensaje enviado a los narcotraficantes es aplastante: ‘no toquen’ a nuestros agentes o dejaremos de hacernos ‘de la vista gorda’. Claro, la retórica siempre se dirige a reforzar la lucha contra el narcotráfico en los países productores o naciones que son zona de tránsito con destino a EE.UU.; jamás contra su propia política sobre drogas.

En este entorno, la reciente reunión entre los presidentes de las dos naciones queda más en una agenda de protocolos que de compromisos de alto impacto frente al problema.

Una rayita al tigre

Y es que efectuar 676 arrestos es como quitarle ‘una rayita al tigre’.   Los operativos de la administración Obama incluyendo la citada ‘Operación Héroe Caído’, solo representan una pequeña abolladura a la sofisticada estructura de los cárteles instalados en suelo estadounidense y el resto de América Latina.  

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los principales puntos de distribución en los EE.UU. son operados por pandillas bajo las órdenes de los cinco principales cárteles mexicanos quienes suministran una gran variedad de narcóticos.  El reporte dice también que el consumo doméstico de cocaína es de cerca del 37 por ciento, de metanfetaminas es de 27.6 por ciento, de heroína es de 12.9 por ciento, de marihuana es de 12.1 por ciento y el de drogas de prescripción médica es de 9.8 por ciento.

 
El estudio más reciente de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Substancias, revela que casi 22 millones de estadounidenses mayores de 12 años admitieron haber usado  drogas ilícitas durante 2009; mientras atribuye el vigor del narcotráfico a la demanda de un mercado doméstico insaciable y en expansión continua.    

Pero otro fuerte eslabón de la cadena productiva de esta industria criminal –que es además su motor- es el lavado de dinero. Esta semana, la senadora demócrata Dianne Feinstein acusó que los Estados Unidos mantiene un deficiente control de las transacciones destinadas al lavado de dinero. Señaló específicamente la venta de tarjetas de prepago, presuntamente utilizadas por capos mexicanos para transferir dinero  hacia y desde territorio estadounidense.

Feinstein exigió el establecimiento de un mecanismo para que los comercios reporten la adquisición de dichas tarjetas por cantidades de 2 mil dólares o mayores. El Departamento del Tesoro había previsto tal mecanismo para febrero de 2010, pero esa meta no se efectuó. 

Actualmente, no existe una ley que obligue a declarar ese tipo de bienes en los puertos fronterizos.  La Oficina de Fronteras y Aduanas (CBP por sus siglas en inglés), señaló que entre 2009 y 2010 se decomisaron alrededor de US$104 millones que pretendían ser introducidos hacia México.

Ciertamente la cantidad decomisada es irrelevante cuando se compara con el estimado de entre US$18 mil millones y US$39 mil millones que narcotraficantes mexicanos y colombianos lavan y exportan anualmente desde EE.UU.

Otros servicios utilizados para transferencias monetarias ilícitas y que resultan menos riesgosos que los ofrecidos a través de los bancos formales, son los de WesternUnion y agencias similares.

Pero indiscutiblemente el establecimiento formal y posterior fortalecimiento de los cárteles mexicanos en territorio de los EE.UU. viene como resultado de la indiferencia y permisividad de sus propias autoridades. 

Esa ‘condescendencia’ hacia la clandestinidad no es ajena en el caso de México, pues si por un lado el gobierno federal enfrenta una lucha frontal contra el narco, por otro los altos niveles de corrupción en las corporaciones policíacas y algunos casos militares repercuten negativamente en la de por sí tan criticada estrategia. 

La diferencia tal vez estriba en que México y los mexicanos están pagando un alto costo económico, social y humano; mientras los Estados Unidos y los estadounidenses observan desde la barrera y Obama no da señales de querer ‘tomar al toro por los cuernos’.

US-Mexico: an uncomfortable agenda

The Aurelia Fierros' Report │ Column 

US-Mexico: an uncomfortable agenda

Mexican President Felipe Calderon last week’s visit to Washington was less productive than expected.  Some say it was just a show.

Bilateral affairs with Mexico include economical, political and diplomatic issues that have been impacted by the strategies both countries have utilized to respond to criminal networks, by the consequent increase of brutality south of the border, and most importantly, by the perception of ‘who’ has the responsibility to do ‘what’ to solve the complex situation.

In the ‘hot’ list of issues on which Mexico’s government has expressed disadvantage, is the many unsolved provisions of NAFTA, a long postponed legislative action over immigration overhaul, the massive deportations of non-Mexican nationals to Mexican territory, the U.S. policies on drugs and guns, the domestic pressures against the Mexican bloody drug-war before the paradox of the legal commercialization of Marihuana in some U.S. markets, the unreleased Merida Initiative’s funds; to mention some of the most relevant.

Incidents as last month’s killing of U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Special Agent Javier Zapata (who ironically died by the bullets of a weapon traced back to Texas) and the release of Wikileaks cables on which US Ambassador to Mexico Carlos Pascual called Mexican security forces “corrupt” and “uncoordinated”; have definitely contributed to make the relationship, more difficult.  

Although not much was disclosed after the meeting, we learned that President Barack Obama and his Mexican counterpart renewed their vows to a joint effort in combating drug violence, and declared an end to an overdue dispute over cross-border trucking, for which a revised initiative should be sent to Congress this spring.

A day prior to Calderon's visit to the White House, Human Rights Watch (HRW) urged Obama to pressure him regarding the many human rights abuses in Mexico, to hold security forces accountable and to review the safety of citizens in the midst of the fight against drug violence in that country.

"Obama should deliver a clear public message to Calderon that the security forces cannot trample human rights in its attempt to end violent cartels," said Jose Miguel Vivanco, director of HRW for the Americas.

Since 2007, the National Commission of Human Rights in Mexico has received nearly five thousand complaints against members of the military for human rights violations, including killings, disappearances, torture and rape.

HRW complained that despite the seriousness of the abuses, the Calderon administration "continues to delegate the investigation and trial of the soldiers who allegedly committed human rights violations" and that not a single soldier has been convicted.

If Obama ever said something to Calderon in this regards, it remains a mystery as it is also unknown what type of efforts the U.S. will render in order to cut off the illegal flows of weapons going south, and to reduce the domestic demand for illegal drugs --in particular for cocaine-. 

What it is in fact known, is that basic disagreements persist between the two countries.  For example, the U.S. demand that its special agents deployed in Mexico be permitted to carry weaponry. Some members of the Mexican Congress have already said “no way.”

Additionally, Mexican lawmakers were outraged this week after learning that the US Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) deliberately allows weapons to be smuggled into Mexico as part of Operation Fast and Furious.

“[The operation] is a grave violation of international rights,” Jorge Carlos Ramírez Marín, president of Mexico's lower house of Congress, said Tuesday. “What will happen if next time they’ll need to funnel in trained assassins, for example, or nuclear arms?”

Mexico’s Foreign Ministry requested detailed information from U.S. authorities about the Fast and Furious operation that has allowed 2,000 weapons to be purchased by smugglers. Ten percent or 200 of those have been recovered in Mexico, 600 in the U.S. and 1200 presumably remain in the hands of drug traffickers.    

Meanwhile, both countries are in the midst of organizing presidential campaigns for 2012. President Calderon leaving office and Obama getting ready to fight for his reelection. In such context, it is unclear if Obama has Mexico within his priorities, or if at this point, he has any interest in the bilateral agenda.   

President Felipe Calderon’s drug war has taken down top drug traffickers and fractioned their networks but hasn’t been able to dismantle them.  The death toll during 2010 reached 15,273; summing up to 35,000 since the offensive against the drug cartels was launched in December 2006.

En los archivos del Pentágono

Vox Populi │ Columna

  Por Aurelia Fierros

En los archivos del Pentágono

La imagen institucional respaldada en la excelencia y en los valores nacionalistas larga y eficazmente promovidos bajo icónicas frases como “sé todo lo que puedas ser” (be all you can be), hoy se coloca tras un agudo cuestionamiento a su credibilidad por las graves acusaciones y una demanda legal que pone al descubierto el abuso de poder, el contubernio y la permisibilidad hacia una deplorable cultura de supremacía machista, practicas misóginas  y criminales –incluyendo presunto asesinato- dentro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. 

Según un grupo defensor de los derechos humanos de las mujeres soldados - la Red de Acción de Mujeres en Servicio (Service Women’s Action Network), durante 2009 se registraron unos 16,150 casos de violación y diversas modalidades de asalto sexual al interior de las filas militares estadounidenses; de los cuales, solo se reportaron 3,230, equivalente a un 20 por ciento del total.  

El porcentaje de violaciones no reportado debido principalmente a amenazas e intimidación, fue reconocido por el propio Pentágono en un reporte emitido la misma semana en que el grupo de activistas presentó una demanda legal en su contra, acusándole de indiferencia frente a los flagrantes casos de ese delito.       

Al grupo de quince mujeres que a través de SWAN lidera la demanda legal se unieron dos hombres igualmente victimas y sobrevivientes de violación, asalto y acoso sexual, para formular en 42 páginas el documento que narra horríficos episodios de toda clase de abuso psicológico, verbal y físico a manos de sus superiores.           
                        

Los veteranos denunciantes afirman haber sido víctimas de dichos abusos durante su servicio activo en las fuerzas armadas mientras sus comandos se mostraban condescendientes e incluso ascendían en sus cargos militares a sus atacantes.

"Después que los demandantes y otras víctimas reportaron los crímenes en su contra, fueron sujetos de represalias, expulsados del servicio, o, en algunos casos, asesinados”, afirman los veteranos en la querella.   

Los demandantes acusan que los secretarios de defensa Donald Rumsfeld y Robert Gates "fallaron al no investigar  las violaciones y agresiones sexuales, enjuiciar a los responsables, proporcionar un sistema judicial adecuado como lo exige la Ley Uniforme de Justicia Militar (Uniform Military Justice Act) y al no cumplir con los plazos del Congreso para implementar las reformas institucionales ordenadas por éste,  para impedir las violaciones y otras agresiones sexuales".  

Una mujer de la Guardia Costera (Coast Guard) afirma que su superior le escupió en la cara, amenazó con matarla y después “comenzó a entrar en su habitación por la noche, a pararse sobre su cama y masturbarse". 

Declaró que tenía que dormir con un cuchillo bajo la almohada para defenderse.  El oficial terminó violándola. No obstante, al ofensor se le procesó únicamente por haberla golpeado obteniendo tan solo una sanción salarial mínima y una restricción a la base durante 30 días.

Casos similares y que implicaron incluso mayor acoso y complejas repercusiones perniciosas para las víctimas están detallados en la demanda, incluyendo el asalto sexual a una miembro de la Guardia Nacional Aérea (Air National Guard) durante su servicio en Irak; el caso de un demandante masculino de apellido ruso que fue violado y sistemáticamente humillado durante su servicio con el Ejército (Army) en 2009, siendo finalmente expulsado bajo una declaración falsa que le hicieron firmar;  así como otros casos de  intimidación ejercida por altos mandos militares, incluyendo el de un sargento de la Marina que simplemente hizo a uno de sus tenientes que se disculpara frente a un demandante, después de que dicho teniente "metió los dedos por el ano [del demandante] hasta que lo penetró".

Esta victima afirmó que sus compañeros marinos le advirtieron que "reportar abusos sexuales arruinaría su carrera porque ‘cosas malas le suceden a los que hacen ruido’".

"Después de que los demandantes y otras víctimas reportaron los crímenes --relata el documento- se tomó represalias en su contra, fueron expulsados de los servicios, o, en algunos casos trágicos, fueron asesinados".  Afirma que una mujer de la Marina “fue asesinada y enterrada en una zanja superficial” en el patio trasero de un miembro de los servicios, por haber denunciado la violación.    

"Después que los demandantes y otras víctimas reportaron los crímenes, su comando les obligó a saludar y mostrar ‘respeto’ a sus violadores.  De esta manera, los demandantes se vieron obligados a vivir y trabajar junto a sus violadores, y algunos fueron puestos bajo su mando directo".

La denuncia agrega que el Pentágono se niega a informar las tasas de veredictos de los tribunales militares y que "destruye la evidencia recabada durante la exanimación del forense después de tan sólo un año a partir de la fecha en que se obtuvo, si la víctima optó por utilizar el sistema de información restringida". 

En conferencia de prensa del 15 de febrero, mismo día en que se presentó la demanda judicial contra el Pentágono, Anu Bhagwati ex Capitán de la Marina y Directora Ejecutiva de la Red de Acción de Mujeres en Servicio (SWAN) dijo:  

"He sido testigo de cómo mis propios mandos supremos violan las políticas de acoso y asalto sexual, evaden responsabilidades hacia sus propias tropas, mienten a las  familias al ignorar los reportes de abuso, transfieren depredadores sexuales fuera de sus unidades en lugar de procesarlos jurídicamente, ascienden en sus cargos a depredadores sexuales mientras se encuentran bajo investigación, y acusan de mentir sobre su (caso de) abuso, a miembros altamente reconocidos dentro del servicio, simplemente porque son mujeres. 

“Todo intento de sometimiento a la rendición de cuentas contra estos oficiales se enfrentó siempre con amenazas y represalias.  Vi algunos de los más finos miembros del servicio en la nación, abandonar el ejército luego de haber sido abusados y traicionados, mientas sus perpetradores y los oficiales que voluntariamente les protegieron, siguen hasta hoy vistiendo en uniforme (…) Reportar asalto sexual y acoso sexual en las fuerzas armadas es -en el mejor de los casos- brutalmente intimidatorio; y es en el peor de ellos, una sentencia de muerte”.   

El día 16, durante la audiencia sobre el presupuesto militar de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el Secretario de Defensa Robert Gates, dijo que existe “cero tolerancia” a las violaciones y cualquier tipo de asalto sexual y agregó que las fuerzas armadas han gastado US$2 millones para la optimización del procesamiento legal de casos de violación.  

Gates dijo también que se ha aumentado el número de voluntarios que atienden las áreas de prevención y de respuesta a asaltos sexuales, de 300 a 3,000 y que ahora se cuenta con una persona designada a cada unidad militar, batallón u otros grupos mayores.   Agregó que el porcentaje de presuntos perpetradores que son procesados penalmente, se ha incrementado de un 30, a un 50 por ciento.     

Pero Bhagwati retó las estadísticas y el número de casos de procesos contra presuntos violadores presentados por el Secretario Gates, e hizo un llamado para la creación de un registro de depredadores sexuales al interior de las fuerzas armadas.

Bhagwati afirmó que menos de uno de cada cinco depredadores sexuales jamás verán el interior de una corte. “La mayoría solo reciben una palmadita en la mano, en lugar de una condena.  Sabemos que los depredadores sexuales frecuentemente son infractores seriales y aún así, las fuerzas armadas no sólo incumplen en su procesamiento y su sentencia, sino que además incumplen al no proveer un registro de criminales sexuales a las autoridades civiles, permitiendo así que los perpetradores militares continúen atacando victimas en las comunidades civiles a lo largo del país”.    

Los veteranos demandantes liderados por Bhagwati, acusan que Gates y Rumsfeld “violaron los derechos constitucionales de los denunciantes de forma sistemática y repetida”, y buscan una compensación por daños y perjuicios.

Esta demanda devela ahora una cruda y dolorosa realidad emanada de una patética cultura de intimidación y de indecibles abusos al interior de las instituciones que públicamente defienden el honor y la disciplina.  

Como sea, el hecho debe considerarse como un avance hacia la búsqueda e impartición de justicia y sobretodo, hacia la eventual eliminación de tales monstruosidades que victiman a quienes solo buscan servir a este gran país y que hasta ahora, habían permanecido sistemáticamente ocultas detrás de los impecables uniformes de muchos de los altos mandos militares, y en los archivos deliberadamente ignorados del mismísimo Pentágono.

Egypt: silencing the echoes

The Aurelia Fierros' Report │ Column 

Egypt: silencing the echoes

A golden rule of journalism prevents any serious correspondent from becoming part of the story.  Unless, of course, extraordinary circumstances take place and the maker of the report ends up turning into the subject of it, inevitably.  Such has been the case in Egypt’s coverage.    

During the last 48 hours, more than 100 incidents involving the harm or incarceration of journalists were reported, including vicious attacks to CNN’s Anderson Cooper, Fox Business Network's Ashley Webster, Fox News' Greg Palkot and Olaf Wiig, NPR’s Lourdes Garcia-Navarro, and two Associated Press correspondents.  Also, Al-Jazeera informed that three of its journalists were detained and another was reported missing.

Media outlets from all over the globe claim that their correspondents were hit with rocks, and beaten with sticks, and fists by pro-government mobs on the streets of Cairo while dozens were reported detained by security forces saying that their belongings, documentation and equipment were confiscated. 

The Egyptian government has accused the foreign press of supporting protesters who demand president Hosni Mubarak to resign immediately, after nearly 30 years in power.

Shahira Amin, an Egyptian journalist resigned from Nile Television, a state-run network; denouncing years of censorship and news manipulation. 

Reporters Without Borders issued a statement Thursday condemning pro-Mubarak supporters’ actions.  

"This has gone beyond censorship. This is now about ridding Cairo of all journalists working for foreign news media," the group said. 

The leaders of France, Germany, Britain, Italy and Spain said in a joint statement that the "attacks against journalists are completely unacceptable." 

In the United States, Vice President Joe Biden, Secretary of State Hillary Clinton and many other public figures have condemned the repression and violence occurring on the streets of Cairo, and demanded the Egyptian government to immediately release any journalists who have been detained in the course of covering the country's political unrest.

On Friday, which is the deadline protesters had given Mubarak to leave, as well as the main prayer day of the Muslim week, an estimate of more than 200 thousand people packed Tahrir Square; at the time President Obama reiterated his message: “an orderly transition must begin now”.

Today also sums the 11^th day of bloody demonstrations with a count of over 300 people killed, since day one.

Journalism as a profession is risky in itself, and there are records of censorship, detentions, and kidnappings during the coverage of relevant or historic events, but most likely, they would be counted as individual cases. Not so in Egypt’s exposure, which has been internationally condemned as 'systematic targeting' of journalists covering the conflict.

This is a complex story. This is a nation pending from a delicate ideological switch that could turn the other way any minute. But the exploring of the Muslim Brotherhood and other groups in the region will be subject of review in a future occasion.

For now, we can say that, here we have a president that took a major role after Anwar Sadat assassination, considered a political ally of the U.S. and of Israel, a force for peace in the region and a recipient of resources --according to the State Department- for over $1.3 billion annually. However, he stayed too long, and he is certainly not helping the process of democratization in any way.

The brutality against Egyptian protestors and on-duty journalists is deeply disturbing and unacceptable.  The violent attacks perpetrated on the press are a desperate recourse and an assault on the people’s right to be informed.

Universal rights, as the right to peaceful assembly, association and speech, should never be repressed.  That should include the freedom of the press, which is --and always will be- the carrier of the echoes of suffering,  injustice and truth.