EE.UU: tolerante a drogadictos, condescendiente con narcos

Vox Populi │ Columna

  Por Aurelia Fierros
 

Los puntos rojos representan los epicentros desde donde las pandillas locales están involucradas en el proceso de distribución de drogas traficadas por los cárteles mexicanos. 

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Amenaza de Drogas 2009, del Centro de Inteligencia Nacional para las Drogas (National Drug Intelligence Center) del  Departamento de Justicia de los Estados Unidos

 

EE.UU: tolerante a drogadictos, condescendiente con narcos

Que los narcos mexicanos han esparcido sus redes por todo Estados Unidos no es noticia.  Lo que causa pasmo y hasta cierto punto indignación, es el doble discurso de la administración Obama que sabe dónde se encuentran, cómo y cuándo operan.

Así quedó evidenciado una semana después de la muerte en suelo mexicano del agente especial estadounidense Jaime Zapata.  Un total de 676 arrestos fueron ejecutados mediante Operation Fallen Hero-Bombardier, una estrategia internacional liderada por los Estados Unidos contra los cárteles mexicanos.

Las agencias de EE.UU. no escatimaron esfuerzos y proporcionando inteligencia a países como Brasil, El Salvador, Panamá, Colombia, y México, lograron el decomiso de US$12 millones en efectivo –de los cuales US$4.5 millones se incautaron en  al menos ocho localidades de Estados Unidos incluyendo San Diego-, 467 kilogramos de cocaína, 21 libras de heroína, casi  40,000 libras de mariguana, 282 armas y 94 vehículos.

Esta reacción predecible pero no por ello menos siniestra por parte de los Estados Unidos se muestra como la evidencia de una falta largamente señalada: su indiferencia y tolerancia extrema hacia el narcomenudeo y consumo doméstico de estupefacientes --siempre y cuando no se rompa el ‘orden social’ en su territorio, o no se interfiera con la labor de sus agentes y personal asignado a  diversos plazas internacionales.

Sin duda, el mensaje enviado a los narcotraficantes es aplastante: ‘no toquen’ a nuestros agentes o dejaremos de hacernos ‘de la vista gorda’. Claro, la retórica siempre se dirige a reforzar la lucha contra el narcotráfico en los países productores o naciones que son zona de tránsito con destino a EE.UU.; jamás contra su propia política sobre drogas.

En este entorno, la reciente reunión entre los presidentes de las dos naciones queda más en una agenda de protocolos que de compromisos de alto impacto frente al problema.

Una rayita al tigre

Y es que efectuar 676 arrestos es como quitarle ‘una rayita al tigre’.   Los operativos de la administración Obama incluyendo la citada ‘Operación Héroe Caído’, solo representan una pequeña abolladura a la sofisticada estructura de los cárteles instalados en suelo estadounidense y el resto de América Latina.  

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los principales puntos de distribución en los EE.UU. son operados por pandillas bajo las órdenes de los cinco principales cárteles mexicanos quienes suministran una gran variedad de narcóticos.  El reporte dice también que el consumo doméstico de cocaína es de cerca del 37 por ciento, de metanfetaminas es de 27.6 por ciento, de heroína es de 12.9 por ciento, de marihuana es de 12.1 por ciento y el de drogas de prescripción médica es de 9.8 por ciento.

 
El estudio más reciente de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Substancias, revela que casi 22 millones de estadounidenses mayores de 12 años admitieron haber usado  drogas ilícitas durante 2009; mientras atribuye el vigor del narcotráfico a la demanda de un mercado doméstico insaciable y en expansión continua.    

Pero otro fuerte eslabón de la cadena productiva de esta industria criminal –que es además su motor- es el lavado de dinero. Esta semana, la senadora demócrata Dianne Feinstein acusó que los Estados Unidos mantiene un deficiente control de las transacciones destinadas al lavado de dinero. Señaló específicamente la venta de tarjetas de prepago, presuntamente utilizadas por capos mexicanos para transferir dinero  hacia y desde territorio estadounidense.

Feinstein exigió el establecimiento de un mecanismo para que los comercios reporten la adquisición de dichas tarjetas por cantidades de 2 mil dólares o mayores. El Departamento del Tesoro había previsto tal mecanismo para febrero de 2010, pero esa meta no se efectuó. 

Actualmente, no existe una ley que obligue a declarar ese tipo de bienes en los puertos fronterizos.  La Oficina de Fronteras y Aduanas (CBP por sus siglas en inglés), señaló que entre 2009 y 2010 se decomisaron alrededor de US$104 millones que pretendían ser introducidos hacia México.

Ciertamente la cantidad decomisada es irrelevante cuando se compara con el estimado de entre US$18 mil millones y US$39 mil millones que narcotraficantes mexicanos y colombianos lavan y exportan anualmente desde EE.UU.

Otros servicios utilizados para transferencias monetarias ilícitas y que resultan menos riesgosos que los ofrecidos a través de los bancos formales, son los de WesternUnion y agencias similares.

Pero indiscutiblemente el establecimiento formal y posterior fortalecimiento de los cárteles mexicanos en territorio de los EE.UU. viene como resultado de la indiferencia y permisividad de sus propias autoridades. 

Esa ‘condescendencia’ hacia la clandestinidad no es ajena en el caso de México, pues si por un lado el gobierno federal enfrenta una lucha frontal contra el narco, por otro los altos niveles de corrupción en las corporaciones policíacas y algunos casos militares repercuten negativamente en la de por sí tan criticada estrategia. 

La diferencia tal vez estriba en que México y los mexicanos están pagando un alto costo económico, social y humano; mientras los Estados Unidos y los estadounidenses observan desde la barrera y Obama no da señales de querer ‘tomar al toro por los cuernos’.