EE.UU: tolerante a drogadictos, condescendiente con narcos

Vox Populi │ Columna

  Por Aurelia Fierros
 

Los puntos rojos representan los epicentros desde donde las pandillas locales están involucradas en el proceso de distribución de drogas traficadas por los cárteles mexicanos. 

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Amenaza de Drogas 2009, del Centro de Inteligencia Nacional para las Drogas (National Drug Intelligence Center) del  Departamento de Justicia de los Estados Unidos

 

EE.UU: tolerante a drogadictos, condescendiente con narcos

Que los narcos mexicanos han esparcido sus redes por todo Estados Unidos no es noticia.  Lo que causa pasmo y hasta cierto punto indignación, es el doble discurso de la administración Obama que sabe dónde se encuentran, cómo y cuándo operan.

Así quedó evidenciado una semana después de la muerte en suelo mexicano del agente especial estadounidense Jaime Zapata.  Un total de 676 arrestos fueron ejecutados mediante Operation Fallen Hero-Bombardier, una estrategia internacional liderada por los Estados Unidos contra los cárteles mexicanos.

Las agencias de EE.UU. no escatimaron esfuerzos y proporcionando inteligencia a países como Brasil, El Salvador, Panamá, Colombia, y México, lograron el decomiso de US$12 millones en efectivo –de los cuales US$4.5 millones se incautaron en  al menos ocho localidades de Estados Unidos incluyendo San Diego-, 467 kilogramos de cocaína, 21 libras de heroína, casi  40,000 libras de mariguana, 282 armas y 94 vehículos.

Esta reacción predecible pero no por ello menos siniestra por parte de los Estados Unidos se muestra como la evidencia de una falta largamente señalada: su indiferencia y tolerancia extrema hacia el narcomenudeo y consumo doméstico de estupefacientes --siempre y cuando no se rompa el ‘orden social’ en su territorio, o no se interfiera con la labor de sus agentes y personal asignado a  diversos plazas internacionales.

Sin duda, el mensaje enviado a los narcotraficantes es aplastante: ‘no toquen’ a nuestros agentes o dejaremos de hacernos ‘de la vista gorda’. Claro, la retórica siempre se dirige a reforzar la lucha contra el narcotráfico en los países productores o naciones que son zona de tránsito con destino a EE.UU.; jamás contra su propia política sobre drogas.

En este entorno, la reciente reunión entre los presidentes de las dos naciones queda más en una agenda de protocolos que de compromisos de alto impacto frente al problema.

Una rayita al tigre

Y es que efectuar 676 arrestos es como quitarle ‘una rayita al tigre’.   Los operativos de la administración Obama incluyendo la citada ‘Operación Héroe Caído’, solo representan una pequeña abolladura a la sofisticada estructura de los cárteles instalados en suelo estadounidense y el resto de América Latina.  

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los principales puntos de distribución en los EE.UU. son operados por pandillas bajo las órdenes de los cinco principales cárteles mexicanos quienes suministran una gran variedad de narcóticos.  El reporte dice también que el consumo doméstico de cocaína es de cerca del 37 por ciento, de metanfetaminas es de 27.6 por ciento, de heroína es de 12.9 por ciento, de marihuana es de 12.1 por ciento y el de drogas de prescripción médica es de 9.8 por ciento.

 
El estudio más reciente de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Substancias, revela que casi 22 millones de estadounidenses mayores de 12 años admitieron haber usado  drogas ilícitas durante 2009; mientras atribuye el vigor del narcotráfico a la demanda de un mercado doméstico insaciable y en expansión continua.    

Pero otro fuerte eslabón de la cadena productiva de esta industria criminal –que es además su motor- es el lavado de dinero. Esta semana, la senadora demócrata Dianne Feinstein acusó que los Estados Unidos mantiene un deficiente control de las transacciones destinadas al lavado de dinero. Señaló específicamente la venta de tarjetas de prepago, presuntamente utilizadas por capos mexicanos para transferir dinero  hacia y desde territorio estadounidense.

Feinstein exigió el establecimiento de un mecanismo para que los comercios reporten la adquisición de dichas tarjetas por cantidades de 2 mil dólares o mayores. El Departamento del Tesoro había previsto tal mecanismo para febrero de 2010, pero esa meta no se efectuó. 

Actualmente, no existe una ley que obligue a declarar ese tipo de bienes en los puertos fronterizos.  La Oficina de Fronteras y Aduanas (CBP por sus siglas en inglés), señaló que entre 2009 y 2010 se decomisaron alrededor de US$104 millones que pretendían ser introducidos hacia México.

Ciertamente la cantidad decomisada es irrelevante cuando se compara con el estimado de entre US$18 mil millones y US$39 mil millones que narcotraficantes mexicanos y colombianos lavan y exportan anualmente desde EE.UU.

Otros servicios utilizados para transferencias monetarias ilícitas y que resultan menos riesgosos que los ofrecidos a través de los bancos formales, son los de WesternUnion y agencias similares.

Pero indiscutiblemente el establecimiento formal y posterior fortalecimiento de los cárteles mexicanos en territorio de los EE.UU. viene como resultado de la indiferencia y permisividad de sus propias autoridades. 

Esa ‘condescendencia’ hacia la clandestinidad no es ajena en el caso de México, pues si por un lado el gobierno federal enfrenta una lucha frontal contra el narco, por otro los altos niveles de corrupción en las corporaciones policíacas y algunos casos militares repercuten negativamente en la de por sí tan criticada estrategia. 

La diferencia tal vez estriba en que México y los mexicanos están pagando un alto costo económico, social y humano; mientras los Estados Unidos y los estadounidenses observan desde la barrera y Obama no da señales de querer ‘tomar al toro por los cuernos’.

US-Mexico: an uncomfortable agenda

The Aurelia Fierros' Report │ Column 

US-Mexico: an uncomfortable agenda

Mexican President Felipe Calderon last week’s visit to Washington was less productive than expected.  Some say it was just a show.

Bilateral affairs with Mexico include economical, political and diplomatic issues that have been impacted by the strategies both countries have utilized to respond to criminal networks, by the consequent increase of brutality south of the border, and most importantly, by the perception of ‘who’ has the responsibility to do ‘what’ to solve the complex situation.

In the ‘hot’ list of issues on which Mexico’s government has expressed disadvantage, is the many unsolved provisions of NAFTA, a long postponed legislative action over immigration overhaul, the massive deportations of non-Mexican nationals to Mexican territory, the U.S. policies on drugs and guns, the domestic pressures against the Mexican bloody drug-war before the paradox of the legal commercialization of Marihuana in some U.S. markets, the unreleased Merida Initiative’s funds; to mention some of the most relevant.

Incidents as last month’s killing of U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Special Agent Javier Zapata (who ironically died by the bullets of a weapon traced back to Texas) and the release of Wikileaks cables on which US Ambassador to Mexico Carlos Pascual called Mexican security forces “corrupt” and “uncoordinated”; have definitely contributed to make the relationship, more difficult.  

Although not much was disclosed after the meeting, we learned that President Barack Obama and his Mexican counterpart renewed their vows to a joint effort in combating drug violence, and declared an end to an overdue dispute over cross-border trucking, for which a revised initiative should be sent to Congress this spring.

A day prior to Calderon's visit to the White House, Human Rights Watch (HRW) urged Obama to pressure him regarding the many human rights abuses in Mexico, to hold security forces accountable and to review the safety of citizens in the midst of the fight against drug violence in that country.

"Obama should deliver a clear public message to Calderon that the security forces cannot trample human rights in its attempt to end violent cartels," said Jose Miguel Vivanco, director of HRW for the Americas.

Since 2007, the National Commission of Human Rights in Mexico has received nearly five thousand complaints against members of the military for human rights violations, including killings, disappearances, torture and rape.

HRW complained that despite the seriousness of the abuses, the Calderon administration "continues to delegate the investigation and trial of the soldiers who allegedly committed human rights violations" and that not a single soldier has been convicted.

If Obama ever said something to Calderon in this regards, it remains a mystery as it is also unknown what type of efforts the U.S. will render in order to cut off the illegal flows of weapons going south, and to reduce the domestic demand for illegal drugs --in particular for cocaine-. 

What it is in fact known, is that basic disagreements persist between the two countries.  For example, the U.S. demand that its special agents deployed in Mexico be permitted to carry weaponry. Some members of the Mexican Congress have already said “no way.”

Additionally, Mexican lawmakers were outraged this week after learning that the US Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) deliberately allows weapons to be smuggled into Mexico as part of Operation Fast and Furious.

“[The operation] is a grave violation of international rights,” Jorge Carlos Ramírez Marín, president of Mexico's lower house of Congress, said Tuesday. “What will happen if next time they’ll need to funnel in trained assassins, for example, or nuclear arms?”

Mexico’s Foreign Ministry requested detailed information from U.S. authorities about the Fast and Furious operation that has allowed 2,000 weapons to be purchased by smugglers. Ten percent or 200 of those have been recovered in Mexico, 600 in the U.S. and 1200 presumably remain in the hands of drug traffickers.    

Meanwhile, both countries are in the midst of organizing presidential campaigns for 2012. President Calderon leaving office and Obama getting ready to fight for his reelection. In such context, it is unclear if Obama has Mexico within his priorities, or if at this point, he has any interest in the bilateral agenda.   

President Felipe Calderon’s drug war has taken down top drug traffickers and fractioned their networks but hasn’t been able to dismantle them.  The death toll during 2010 reached 15,273; summing up to 35,000 since the offensive against the drug cartels was launched in December 2006.

En los archivos del Pentágono

Vox Populi │ Columna

  Por Aurelia Fierros

En los archivos del Pentágono

La imagen institucional respaldada en la excelencia y en los valores nacionalistas larga y eficazmente promovidos bajo icónicas frases como “sé todo lo que puedas ser” (be all you can be), hoy se coloca tras un agudo cuestionamiento a su credibilidad por las graves acusaciones y una demanda legal que pone al descubierto el abuso de poder, el contubernio y la permisibilidad hacia una deplorable cultura de supremacía machista, practicas misóginas  y criminales –incluyendo presunto asesinato- dentro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. 

Según un grupo defensor de los derechos humanos de las mujeres soldados - la Red de Acción de Mujeres en Servicio (Service Women’s Action Network), durante 2009 se registraron unos 16,150 casos de violación y diversas modalidades de asalto sexual al interior de las filas militares estadounidenses; de los cuales, solo se reportaron 3,230, equivalente a un 20 por ciento del total.  

El porcentaje de violaciones no reportado debido principalmente a amenazas e intimidación, fue reconocido por el propio Pentágono en un reporte emitido la misma semana en que el grupo de activistas presentó una demanda legal en su contra, acusándole de indiferencia frente a los flagrantes casos de ese delito.       

Al grupo de quince mujeres que a través de SWAN lidera la demanda legal se unieron dos hombres igualmente victimas y sobrevivientes de violación, asalto y acoso sexual, para formular en 42 páginas el documento que narra horríficos episodios de toda clase de abuso psicológico, verbal y físico a manos de sus superiores.           
                        

Los veteranos denunciantes afirman haber sido víctimas de dichos abusos durante su servicio activo en las fuerzas armadas mientras sus comandos se mostraban condescendientes e incluso ascendían en sus cargos militares a sus atacantes.

"Después que los demandantes y otras víctimas reportaron los crímenes en su contra, fueron sujetos de represalias, expulsados del servicio, o, en algunos casos, asesinados”, afirman los veteranos en la querella.   

Los demandantes acusan que los secretarios de defensa Donald Rumsfeld y Robert Gates "fallaron al no investigar  las violaciones y agresiones sexuales, enjuiciar a los responsables, proporcionar un sistema judicial adecuado como lo exige la Ley Uniforme de Justicia Militar (Uniform Military Justice Act) y al no cumplir con los plazos del Congreso para implementar las reformas institucionales ordenadas por éste,  para impedir las violaciones y otras agresiones sexuales".  

Una mujer de la Guardia Costera (Coast Guard) afirma que su superior le escupió en la cara, amenazó con matarla y después “comenzó a entrar en su habitación por la noche, a pararse sobre su cama y masturbarse". 

Declaró que tenía que dormir con un cuchillo bajo la almohada para defenderse.  El oficial terminó violándola. No obstante, al ofensor se le procesó únicamente por haberla golpeado obteniendo tan solo una sanción salarial mínima y una restricción a la base durante 30 días.

Casos similares y que implicaron incluso mayor acoso y complejas repercusiones perniciosas para las víctimas están detallados en la demanda, incluyendo el asalto sexual a una miembro de la Guardia Nacional Aérea (Air National Guard) durante su servicio en Irak; el caso de un demandante masculino de apellido ruso que fue violado y sistemáticamente humillado durante su servicio con el Ejército (Army) en 2009, siendo finalmente expulsado bajo una declaración falsa que le hicieron firmar;  así como otros casos de  intimidación ejercida por altos mandos militares, incluyendo el de un sargento de la Marina que simplemente hizo a uno de sus tenientes que se disculpara frente a un demandante, después de que dicho teniente "metió los dedos por el ano [del demandante] hasta que lo penetró".

Esta victima afirmó que sus compañeros marinos le advirtieron que "reportar abusos sexuales arruinaría su carrera porque ‘cosas malas le suceden a los que hacen ruido’".

"Después de que los demandantes y otras víctimas reportaron los crímenes --relata el documento- se tomó represalias en su contra, fueron expulsados de los servicios, o, en algunos casos trágicos, fueron asesinados".  Afirma que una mujer de la Marina “fue asesinada y enterrada en una zanja superficial” en el patio trasero de un miembro de los servicios, por haber denunciado la violación.    

"Después que los demandantes y otras víctimas reportaron los crímenes, su comando les obligó a saludar y mostrar ‘respeto’ a sus violadores.  De esta manera, los demandantes se vieron obligados a vivir y trabajar junto a sus violadores, y algunos fueron puestos bajo su mando directo".

La denuncia agrega que el Pentágono se niega a informar las tasas de veredictos de los tribunales militares y que "destruye la evidencia recabada durante la exanimación del forense después de tan sólo un año a partir de la fecha en que se obtuvo, si la víctima optó por utilizar el sistema de información restringida". 

En conferencia de prensa del 15 de febrero, mismo día en que se presentó la demanda judicial contra el Pentágono, Anu Bhagwati ex Capitán de la Marina y Directora Ejecutiva de la Red de Acción de Mujeres en Servicio (SWAN) dijo:  

"He sido testigo de cómo mis propios mandos supremos violan las políticas de acoso y asalto sexual, evaden responsabilidades hacia sus propias tropas, mienten a las  familias al ignorar los reportes de abuso, transfieren depredadores sexuales fuera de sus unidades en lugar de procesarlos jurídicamente, ascienden en sus cargos a depredadores sexuales mientras se encuentran bajo investigación, y acusan de mentir sobre su (caso de) abuso, a miembros altamente reconocidos dentro del servicio, simplemente porque son mujeres. 

“Todo intento de sometimiento a la rendición de cuentas contra estos oficiales se enfrentó siempre con amenazas y represalias.  Vi algunos de los más finos miembros del servicio en la nación, abandonar el ejército luego de haber sido abusados y traicionados, mientas sus perpetradores y los oficiales que voluntariamente les protegieron, siguen hasta hoy vistiendo en uniforme (…) Reportar asalto sexual y acoso sexual en las fuerzas armadas es -en el mejor de los casos- brutalmente intimidatorio; y es en el peor de ellos, una sentencia de muerte”.   

El día 16, durante la audiencia sobre el presupuesto militar de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el Secretario de Defensa Robert Gates, dijo que existe “cero tolerancia” a las violaciones y cualquier tipo de asalto sexual y agregó que las fuerzas armadas han gastado US$2 millones para la optimización del procesamiento legal de casos de violación.  

Gates dijo también que se ha aumentado el número de voluntarios que atienden las áreas de prevención y de respuesta a asaltos sexuales, de 300 a 3,000 y que ahora se cuenta con una persona designada a cada unidad militar, batallón u otros grupos mayores.   Agregó que el porcentaje de presuntos perpetradores que son procesados penalmente, se ha incrementado de un 30, a un 50 por ciento.     

Pero Bhagwati retó las estadísticas y el número de casos de procesos contra presuntos violadores presentados por el Secretario Gates, e hizo un llamado para la creación de un registro de depredadores sexuales al interior de las fuerzas armadas.

Bhagwati afirmó que menos de uno de cada cinco depredadores sexuales jamás verán el interior de una corte. “La mayoría solo reciben una palmadita en la mano, en lugar de una condena.  Sabemos que los depredadores sexuales frecuentemente son infractores seriales y aún así, las fuerzas armadas no sólo incumplen en su procesamiento y su sentencia, sino que además incumplen al no proveer un registro de criminales sexuales a las autoridades civiles, permitiendo así que los perpetradores militares continúen atacando victimas en las comunidades civiles a lo largo del país”.    

Los veteranos demandantes liderados por Bhagwati, acusan que Gates y Rumsfeld “violaron los derechos constitucionales de los denunciantes de forma sistemática y repetida”, y buscan una compensación por daños y perjuicios.

Esta demanda devela ahora una cruda y dolorosa realidad emanada de una patética cultura de intimidación y de indecibles abusos al interior de las instituciones que públicamente defienden el honor y la disciplina.  

Como sea, el hecho debe considerarse como un avance hacia la búsqueda e impartición de justicia y sobretodo, hacia la eventual eliminación de tales monstruosidades que victiman a quienes solo buscan servir a este gran país y que hasta ahora, habían permanecido sistemáticamente ocultas detrás de los impecables uniformes de muchos de los altos mandos militares, y en los archivos deliberadamente ignorados del mismísimo Pentágono.

Egypt: silencing the echoes

The Aurelia Fierros' Report │ Column 

Egypt: silencing the echoes

A golden rule of journalism prevents any serious correspondent from becoming part of the story.  Unless, of course, extraordinary circumstances take place and the maker of the report ends up turning into the subject of it, inevitably.  Such has been the case in Egypt’s coverage.    

During the last 48 hours, more than 100 incidents involving the harm or incarceration of journalists were reported, including vicious attacks to CNN’s Anderson Cooper, Fox Business Network's Ashley Webster, Fox News' Greg Palkot and Olaf Wiig, NPR’s Lourdes Garcia-Navarro, and two Associated Press correspondents.  Also, Al-Jazeera informed that three of its journalists were detained and another was reported missing.

Media outlets from all over the globe claim that their correspondents were hit with rocks, and beaten with sticks, and fists by pro-government mobs on the streets of Cairo while dozens were reported detained by security forces saying that their belongings, documentation and equipment were confiscated. 

The Egyptian government has accused the foreign press of supporting protesters who demand president Hosni Mubarak to resign immediately, after nearly 30 years in power.

Shahira Amin, an Egyptian journalist resigned from Nile Television, a state-run network; denouncing years of censorship and news manipulation. 

Reporters Without Borders issued a statement Thursday condemning pro-Mubarak supporters’ actions.  

"This has gone beyond censorship. This is now about ridding Cairo of all journalists working for foreign news media," the group said. 

The leaders of France, Germany, Britain, Italy and Spain said in a joint statement that the "attacks against journalists are completely unacceptable." 

In the United States, Vice President Joe Biden, Secretary of State Hillary Clinton and many other public figures have condemned the repression and violence occurring on the streets of Cairo, and demanded the Egyptian government to immediately release any journalists who have been detained in the course of covering the country's political unrest.

On Friday, which is the deadline protesters had given Mubarak to leave, as well as the main prayer day of the Muslim week, an estimate of more than 200 thousand people packed Tahrir Square; at the time President Obama reiterated his message: “an orderly transition must begin now”.

Today also sums the 11^th day of bloody demonstrations with a count of over 300 people killed, since day one.

Journalism as a profession is risky in itself, and there are records of censorship, detentions, and kidnappings during the coverage of relevant or historic events, but most likely, they would be counted as individual cases. Not so in Egypt’s exposure, which has been internationally condemned as 'systematic targeting' of journalists covering the conflict.

This is a complex story. This is a nation pending from a delicate ideological switch that could turn the other way any minute. But the exploring of the Muslim Brotherhood and other groups in the region will be subject of review in a future occasion.

For now, we can say that, here we have a president that took a major role after Anwar Sadat assassination, considered a political ally of the U.S. and of Israel, a force for peace in the region and a recipient of resources --according to the State Department- for over $1.3 billion annually. However, he stayed too long, and he is certainly not helping the process of democratization in any way.

The brutality against Egyptian protestors and on-duty journalists is deeply disturbing and unacceptable.  The violent attacks perpetrated on the press are a desperate recourse and an assault on the people’s right to be informed.

Universal rights, as the right to peaceful assembly, association and speech, should never be repressed.  That should include the freedom of the press, which is --and always will be- the carrier of the echoes of suffering,  injustice and truth.

Zedillo. Y volver, volver, volver

Vox Populi │ Columna

  Por Aurelia Fierros

Ernesto Zedillo fue el último priista de una dinastía que en línea ininterrumpida sustentó el trono presidencial mexicano por 70 años.  Tristemente, en su caso, la herencia le vino vía candidatura emergente luego del magnicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994, quien a su vez había roto públicamente con Carlos Salinas de Gortari a través de su ya icónico discurso del 6 de marzo de ese año, en el Monumento a la Revolución.  

Su sexenio estuvo plagado por la inestabilidad derivada de otros asesinatos políticos, el fortalecimiento de la insurrección armada y por una de las peores crisis económicas del país -de la que Salinas le culpó a él, con aquél amargamente célebre “error de diciembre”.  Por años, se mantuvo alejado de los reflectores políticos y de las controversias nacionales.

Economista de carrera –no político- pero ambicioso como todos los que han probado las mieles del poder centralizado del federalismo mexicano, Ernesto Zedillo provoca resonancia en el ámbito nacional –desde Davos- al ofrecer soluciones a un problema que creció bajo sus narices y frente al cual nunca movió un dedo: el narcotráfico.

Hoy, observando desde afuera, hace una aparición estoica –que no heroica- opinando con la gracia de la tecnocracia que nada le dio y mucho le arrebató al país.   

Desde Ginebra, junto con los ex presidentes César Gaviria (Colombia) y Fernando Henrique Cardoso (Brasil), presentó un documento de trabajo en el que se señala el fracaso de la lucha antidrogas en Latinoamérica y se insiste en su legalización.  Las observaciones y nueva estrategia basada en prevención y educación, fueron tomadas con ecuanimidad por Felipe Calderón, quien interceptado por la prensa se limitó a decir --palabras más, palabras menos- que dicha propuesta no aporta nada nuevo.  Aún más, Calderón respondió que no considera que el documento encierre una crítica directa a su estrategia en México.

Pero, si irrumpir de tal manera en el debate sobre el tema del narcotráfico le queda a Zedillo fuera de lugar, ni qué decir del asunto de la sucesión presidencial.  La sorprendente y aventurada predicción  política del ex presidente, con la mirilla en las elecciones del 2012, no fue bien recibida ni por la clase política ni por la opinión pública nacional.

El “¡vamos a ganar!” expresado al salir de un encuentro del Foro Económico en Davos, no es una frase para la cual tenga calidad de ninguna índole, en pronunciar.  Primero, porque en su momento él mismo se distanció del PRI y segundo porque la percepción es que le queda muy ‘cómodo’ asumir el triunfalismo desde el autoexilio académico en que se encuentra, sin ningún trabajo o aportación partidista real: ni previo, ni posterior a su sexenio.  Así queda también asentado por las reacciones de los líderes de los partidos nacionales que respondieron  “ipso facto” a sus desafortunadas declaraciones.

Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, dijo que “Zedillo está desactualizado” y le recomendó consultar otras fuentes antes de augurar el regreso del PRI a Los Pinos; mientras  Jesús Ortega, líder nacional del PRD, calificó de “lógico” que Zedillo pronostique un triunfo del PRI en público, pero que en privado –dijo- sabe que el PRI no tiene ninguna posibilidad.

Empero, si Enrique Peña Nieto –o en su defecto algún otro priista- de verdad lograra ocupar Los Pinos en 2012, siempre será una tentación para el Dr. Zedillo regresar al país con algún puesto de alto nivel (no necesariamente en el gabinete) y así reivindicar su imagen luego de liderar un  sexenio completamente gris para México.  

Por otro lado, mientras la nueva alternancia que Zedillo sugiere representa para muchos un retroceso, la parte más desalentadora  es que en efecto, no hay mucho de donde escoger y que, partidos a un lado, es bien sabido que quienes ostentaban el poder antes de la ‘La decena trágica’ (1995-2006), son los mismos que siguen jalando los hilos que rigen los destinos del país.

Por ello, precisamente, ahora el Dr. Zedillo suaviza el tono para ‘limar asperezas’ y abrir sus posibilidades para volver, volver, volver.

Al buen entendedor, pocas palabras.

¿Uno, o dos términos?

Vox Populi │ Columna

  Por Aurelia Fierros 

 

El 2011 comenzó en Estados Unidos con un panorama intranquilo y una economía que pese a los esfuerzos continúa padeciendo los embates del desempleo y la carencia de liquidez.  Este es un año que se perfila con innumerables retos.  De muchas de las decisiones y acciones de alto impacto que se tomen ahora, dependerá el rumbo y -muy posiblemente el destino- de la década que apenas comienza: en lo político, en lo económico y en lo social.

Y como el tiempo no ha sido suficiente para solventar muchas de las complejas prioridades nacionales, el Presidente Barack Obama arriba a la mitad de su mandato con incontables  reclamos y anunciando el compromiso -como lo hizo desde hace dos años, de reactivar la economía y crear mayores oportunidades de empleo.

Utilizando un leguaje coloquial en Schenectady, Nueva York, dijo que su trabajo es “poner nuestra economía en ‘turbo’”.  

Con esta aparición estratégica frente a decenas de obreros, Obama arranca extraoficialmente su precampaña de reelección hacia el 2012, en el lugar donde esta gran nación vio nacer la primer planta de General Electric Co.  Ya el vocero de la Casa Blanca Robert Gibbs confirmó que se aceleran los preparativos para presentar su candidatura ante la Comisión Electoral.  

Mientras tanto, una nueva encuesta de AP-GfK muestra que el índice de aprobación respecto a la manera que Obama está liderando la nación es de 53 por ciento, contra un 46. Un 50 por ciento dijo que el presidente debe ser reelegido mientras un 45 lo quiere fuera de la Oficina Oval y 5 por ciento dijo no saber. Aunque, un 53 por ciento de los 1,001 entrevistados desaprueba la manera en que el presidente está manejando la economía, contra un 47 por ciento que lo aprueba. La encuesta presenta un margen de error de +/- 4.2 por ciento.  

Con  todo y todo y aunque los datos arrojados por los sondeos son variables transitorias, esta es la primera vez en poco más de un año que los niveles de aprobación se muestran con tal solidez,   pese al marcado desgaste de la imagen presidencial que se deriva de la turbulencia política y la catástrofe económica. 

Muchos factores pueden haber influenciado el viraje de la opinión pública a su favor. Entre ellos, logros como la negociación sobre el paquete de extensión de desgravaciones fiscales; el acercamiento del ejecutivo hacia la iniciativa privada; o tal vez que simplemente el pueblo estadounidense es en esencia noble y compasivo, y recibió positivamente el reciente llamado a la civilidad hecho durante su memorable discurso dedicado a los 14 heridos y las seis víctimas mortales del tiroteo del 8 de enero en Tucson.

Pero, aún con ‘el viento –ligeramente- a su favor’, reelegirse le costará a Obama mucho más que algunas indulgencias políticas y un emotivo discurso.  Sus adversarios no están dispuestos a permitirlo.  Como muestra y como lo habían prometido, los republicanos aprobaron una medida para revocar la reforma de salud en la Cámara de Representantes, pieza legislativa que se ha  convertido el estandarte demócrata y cuya derogación completa sería un golpe demoledor para la agenda de su administración, y para él en lo particular.

Ciertamente se ve cercano a lo imposible que los republicanos logren avanzar en ese objetivo en el Senado y aunque  así fuera, enfrentarían un inminente veto presidencial.  No obstante, con esta acción legislativa meramente ‘simbólica’, se ha mandado la señal de que están decididos y han puesto en marcha su estrategia conservadora de "derogar y sustituir".  

Para los líderes republicanos de la Cámara de Representantes la siguiente fase incluirá la minuciosa revisión de la legislación mientras que simultáneamente intentarán desmantelarla, segmento a segmento, provisión por  provisión.  Para los demócratas, la ocasión representa la oportunidad de defender la reforma que como se ha mencionado, es considerada como su legado, y cuya salvaguarda cobra particular importancia tras la embestida sufrida en las urnas en noviembre, y ante los objetivos trazados hacia el 2012.   La presión es fuerte.  

Una y otra vez, Obama ha intentado persuadir al electorado independiente de que en los asuntos del país, es capaz de actuar como un verdadero conciliador entre demócratas y republicanos en Washington.  Sabe que el grueso de la población es susceptible ante la imagen de un gobernante apto para resolver problemas con el consenso bipartidista.  Pero, que Obama pueda sostener el ‘momentum’ y los niveles de apoyo que ha logrado extendiéndolos hasta el martes 6 de noviembre de 2012, es otra historia. 

Más allá de la conciliación de pugnas ideológicas o filosóficas al seno del Congreso, una victoria en las urnas en gran medida dependerá de la recuperación y comportamiento de la economía, y ese es precisamente el rubro donde la opinión del electorado hasta ahora mantiene al presidente en números por debajo del mínimo aceptable para ganar la reelección.  

Al final, en el momento decisivo, el electorado reacciona ante las iniciativas que impactan sus intereses y claro, entre ellas están los que afectan su bolsillo: y saben bien como cobrarse en las urnas.  Para efectos prácticos, a todo ello obedecerá que Obama pase a la historia como un presidente de uno, o de dos términos.

Insane, to blame Giffords attack on political debate

The Aurelia Fierros' Report │ Column 

Insane, to blame Giffords attack on political debate

Vigorous political debate and strong ideological postures have nothing to do with the meticulous plan of a delusional nut to kill an elected official.

Desires of supernatural powers can cause someone to become ‘a hero on their own mind’ and end up authoring a conspiracy; but heated political debate doesn't.  Labeling strong opinions across the political spectrum and blaming them for the insane attack on Congresswoman Gabrielle Giffords is insane. 

Oklahoma City, Ft. Hood, the shoe bomber, the Detroit airplane bomber, the Times Square bomber and, yes, the 9-11 attacks; were all acts of political terror, originated in a range of  resentment against U.S. federal tactics and/or motivated by religious extremism. In Goffords case –a self described centrist Democrat-, we shouldn’t confuse political terrorism with the lunacy of a derailed drug-abuser. 

In connection with this matter, the clear and in some cases cynical attempts to demonize both the right and the left are vile and even irresponsible, especially if we take into consideration that engaging in policy discussion is supposed to be one of the great privileges of a democratic system.  All attempts of linking this disturbed killer to any political movement are ludicrous and the preamble to hamper free speech.

Yes, what happened in Arizona last weekend is a tragedy on a number of fronts. Six killed and 14 others wounded.  The suspect, identified as 22-year-old Jared Loughner, who is now being held by the FBI, has a troubled past: he is a High School dropout, was kicked out of a community college and told he could not come back without a mental evaluation. He is also a rejected Army recruit and has a criminal record related to drug paraphernalia.

 

Caitie Parker, a woman who went to high school and knew

Loughner during college, confirmed that his politics were

left wing.

Without a doubt, the political rhetoric in the United States has increased across the board; inflammatory remarks have transcended discrete and confidential circles to form part of the public discourse. But in the current context of events, Republicans, Democrats, liberals, conservatives, Tea Party activists have all condemned this coward attack perpetrated in Arizona.

It is also important not to forget that this was the case of an individual obsessed with mind control, currency transformation and the U.S. Constitution, within other topics and that his position on these matters is so bizarre and his postings so incoherent that they could be equally attributed to either the right or the left -or partially to both philosophies.  His favorite books are The Communist Manifesto and Mein Kampf. 

But again, blaming Loughner’s actions on political discourse radicalization is as misleading as   irresponsible.  He shows severe signs of mental instability attributed at this point to paranoia and schizophrenia.   And as far as we know, he's not tied to a political movement, and this wasn't a politically motivated act. 

Nevertheless, within the entire political spectrum, it is a fact that there are extremists, both on the left and the right and it is always wise to call for a reduction in the heated rhetoric, for the sake of our political system in itself.

Regardless the motivations of Loughner, violence of this nature should be condemned by everyone, and not used for political gain. In the aftermath of all of this, three things are clear:

         -First, existing gun laws that place barriers for those who are mentally unstable to gun ownership, must be strictly enforced.

         -Second, all legislation currently scheduled to be considered by the House of Representatives next week has been postponed but should resume as soon as possible so legislators can take the necessary actions to move forward in the wake of the tragedy and in absence of Congresswoman Giffords, and to ensure that Americans get back to work, tackling our deficit and our debt.

         -Third, since our government relies on the idea that constituents can interact with their elected leaders, any restrictions for the sake of their ‘security’ will deter the right of the people’s voices being heard and would build walls in an open society where public officials –still- can assemble freely with the public. 

Imminently, the wave of efforts to blame this attack on the nature of the national discourse, the political atmosphere in Arizona, will continue. But again, let’s please remember that there is more than one individual out there who is missing the right circuits in their brain, and that attributing any violent and brutal actions to any coherent political philosophy is a draw-out.