Vox Populi │
Columna
Por Aurelia Fierros
Por Aurelia Fierros
En
México, políticos, periodistas y el público general reaccionaron con indignación
después de enterarse esta semana que la Operación Rápido y Furioso -programa
federal de los Estados Unidos que permitió la introducción ilegal de más de 2,000
armas de tipo militar a ese país entre 2009 y 2010-, no es sino el remedo de un
operativo anterior, igualmente secreto e ilegal llamado Receptor Abierto, el
cual se ejecutó entre 2006 y 2007.
Más de 40,000 personas han muerto en México desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga en diciembre de 2006, mismo año de la puesta en marcha de Receptor Abierto, que oficialmente y de manera conservadora habría permitido “caminar” unas 500 armas de fuego a través de la frontera sur de EE.UU. y llegar a las manos del crimen organizado.
El jueves, el Senado mexicano exigió al presidente Felipe Calderón protestar formalmente ante el gobierno de los Estados Unidos y denunció púbicamente las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la Republica, Felipe González, dijo que iniciará una moción contra las operaciones secretas de agentes federales de EE.UU. en suelo mexicano.
Un editorial en el diario "La Jornada" se refirió a los dos programas de ‘rastreo’ en el tráfico de armas, cuestionando si Estados Unidos es "aliado o enemigo" de México.
"Mientras el gobierno de George Bush negociaba y firmaba con el de Calderón la Iniciativa Mérida –acuerdo de asistencia bilateral por el cual Washington se comprometió a orientar, asesorar y equipar a las autoridades mexicanas–, desde una oficina pública de Washington se alimentaba la capacidad de fuego de las organizaciones delictivas al sur del río Bravo,” escribió el diario de tendencia izquierdista.
El gobierno de Calderón ha protestado firmemente contra este tipo de operativos y sostiene insistentemente que el 80 por ciento de las armas incautadas a los grupos criminales mexicanos tienen punto de origen en los EE.UU. Aún más, la procuradora general de México, Marisela Morales dijo que la Operación Rápido y Furioso "es un ataque a la seguridad de los mexicanos."
Morales dijo a la prensa mexicana hace una semana -en ese momento, aún sin conocimiento del operativo adicional de ‘control’ de armas de los Estados Unidos- que había exigido una explicación exhaustiva al gobierno de Obama, y también confirmó que al menos 200 asesinatos han ocurrido en México como resultado de la Operación Rápido y Furioso.
De regreso a los EE.UU., mientras que republicanos de la Cámara Baja están llamando a la formación de un consejo especial para averiguar si el Procurador General, Eric Holder, cometió perjurio durante su testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara sobre el controvertido programa, el presidente Barack Obama expresó su "plena confianza" en él.
"Él [Holder] ha sido muy agresivo en la persecución de las operaciones de tráfico de armas y dinero en efectivo, que han estado fluyendo hacia estos cárteles transnacionales", dijo Obama durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el jueves.
Sin embargo, los legisladores insisten en encontrar lo que Holder sabía y en qué momento se enteró de ello. En el mes de mayo, el procurador testificó bajo juramento: "No estoy seguro de la fecha exacta, pero probablemente escuché acerca de Rápido y Furioso por primera vez, en las últimas semanas."
El Representante Raúl Labrador, un republicano de Idaho, pidió la renuncia de Holder después de que unos documentos relacionados con Rápido y Furioso se publicaran esta semana, y mostraran que el funcionario había sido oportunamente informado del operativo, a través de por lo menos cinco memorándums, a partir de julio de 2010.
"Tuve cuidado de no llegar a ninguna conclusión sobre el grado de participación del Sr. Holder. Sin embargo, los documentos recientemente publicados que le vinculan directamente con Rápido y Furioso, me han convencido de que, o está mintiendo, o es extremadamente incompetente ", dijo Labrador en un comunicado.
Rápido y Furioso, a cargo de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF), permitió la compra ilegal de más de 2,000 armas de fuego -incluyendo rifles de calibre .50 para francotirador- muchas de las cuales fueron introducidas ilegalmente a México con la presunta intención de seguirles la pista y localizar a los principales capos mexicanos. Sin embargo, la estrategia prevista para el rastreo del armamento nunca se ejecutó. Algunas armas fueron encontradas más tarde luego de asesinatos de policías y civiles en México; y en los EE.UU., en dos distintas escenas del crimen ocurridas en marzo y diciembre de 2010. En este último incidente, dos armas traficadas bajo Rápido y Furioso fueron halladas al sur de Tucson, en el lugar donde el agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. Brian Terry fue muerto a tiros. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre Receptor Abierto, también implementado por la ATF.
La semana pasada, el gobernador de Texas Rick Perry, actualmente en la carrera por la nominación republicana a la presidencia, dijo en un evento de campaña en Nueva Hampshire que de ganar la elección, consideraría el despliegue de tropas estadounidenses en México, para ayudar a combatir a los cárteles. "Es muy importante para nosotros trabajar con ellos para evitar que se conviertan en un país fallido", explicó.
La propuesta de Perry fue rechazada de inmediato. "Tener botas de EE.UU. en territorio mexicano, no está en la agenda", dijo Arturo Sarukhan, embajador de México en los Estados Unidos.
En términos generales, la población mexicana percibe la alta demanda de drogas ilícitas por parte de los EE.UU., y el tráfico ilegal de armas, como las principales causas del incesante derramamiento de sangre y la creciente brutalidad en su frontera norte y áreas especificas de su territorio nacional.
Más de 40,000 personas han muerto en México desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga en diciembre de 2006, mismo año de la puesta en marcha de Receptor Abierto, que oficialmente y de manera conservadora habría permitido “caminar” unas 500 armas de fuego a través de la frontera sur de EE.UU. y llegar a las manos del crimen organizado.
El jueves, el Senado mexicano exigió al presidente Felipe Calderón protestar formalmente ante el gobierno de los Estados Unidos y denunció púbicamente las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la Republica, Felipe González, dijo que iniciará una moción contra las operaciones secretas de agentes federales de EE.UU. en suelo mexicano.
Un editorial en el diario "La Jornada" se refirió a los dos programas de ‘rastreo’ en el tráfico de armas, cuestionando si Estados Unidos es "aliado o enemigo" de México.
"Mientras el gobierno de George Bush negociaba y firmaba con el de Calderón la Iniciativa Mérida –acuerdo de asistencia bilateral por el cual Washington se comprometió a orientar, asesorar y equipar a las autoridades mexicanas–, desde una oficina pública de Washington se alimentaba la capacidad de fuego de las organizaciones delictivas al sur del río Bravo,” escribió el diario de tendencia izquierdista.
El gobierno de Calderón ha protestado firmemente contra este tipo de operativos y sostiene insistentemente que el 80 por ciento de las armas incautadas a los grupos criminales mexicanos tienen punto de origen en los EE.UU. Aún más, la procuradora general de México, Marisela Morales dijo que la Operación Rápido y Furioso "es un ataque a la seguridad de los mexicanos."
Morales dijo a la prensa mexicana hace una semana -en ese momento, aún sin conocimiento del operativo adicional de ‘control’ de armas de los Estados Unidos- que había exigido una explicación exhaustiva al gobierno de Obama, y también confirmó que al menos 200 asesinatos han ocurrido en México como resultado de la Operación Rápido y Furioso.
De regreso a los EE.UU., mientras que republicanos de la Cámara Baja están llamando a la formación de un consejo especial para averiguar si el Procurador General, Eric Holder, cometió perjurio durante su testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara sobre el controvertido programa, el presidente Barack Obama expresó su "plena confianza" en él.
"Él [Holder] ha sido muy agresivo en la persecución de las operaciones de tráfico de armas y dinero en efectivo, que han estado fluyendo hacia estos cárteles transnacionales", dijo Obama durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el jueves.
Sin embargo, los legisladores insisten en encontrar lo que Holder sabía y en qué momento se enteró de ello. En el mes de mayo, el procurador testificó bajo juramento: "No estoy seguro de la fecha exacta, pero probablemente escuché acerca de Rápido y Furioso por primera vez, en las últimas semanas."
El Representante Raúl Labrador, un republicano de Idaho, pidió la renuncia de Holder después de que unos documentos relacionados con Rápido y Furioso se publicaran esta semana, y mostraran que el funcionario había sido oportunamente informado del operativo, a través de por lo menos cinco memorándums, a partir de julio de 2010.
"Tuve cuidado de no llegar a ninguna conclusión sobre el grado de participación del Sr. Holder. Sin embargo, los documentos recientemente publicados que le vinculan directamente con Rápido y Furioso, me han convencido de que, o está mintiendo, o es extremadamente incompetente ", dijo Labrador en un comunicado.
Rápido y Furioso, a cargo de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF), permitió la compra ilegal de más de 2,000 armas de fuego -incluyendo rifles de calibre .50 para francotirador- muchas de las cuales fueron introducidas ilegalmente a México con la presunta intención de seguirles la pista y localizar a los principales capos mexicanos. Sin embargo, la estrategia prevista para el rastreo del armamento nunca se ejecutó. Algunas armas fueron encontradas más tarde luego de asesinatos de policías y civiles en México; y en los EE.UU., en dos distintas escenas del crimen ocurridas en marzo y diciembre de 2010. En este último incidente, dos armas traficadas bajo Rápido y Furioso fueron halladas al sur de Tucson, en el lugar donde el agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. Brian Terry fue muerto a tiros. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre Receptor Abierto, también implementado por la ATF.
La semana pasada, el gobernador de Texas Rick Perry, actualmente en la carrera por la nominación republicana a la presidencia, dijo en un evento de campaña en Nueva Hampshire que de ganar la elección, consideraría el despliegue de tropas estadounidenses en México, para ayudar a combatir a los cárteles. "Es muy importante para nosotros trabajar con ellos para evitar que se conviertan en un país fallido", explicó.
La propuesta de Perry fue rechazada de inmediato. "Tener botas de EE.UU. en territorio mexicano, no está en la agenda", dijo Arturo Sarukhan, embajador de México en los Estados Unidos.
En términos generales, la población mexicana percibe la alta demanda de drogas ilícitas por parte de los EE.UU., y el tráfico ilegal de armas, como las principales causas del incesante derramamiento de sangre y la creciente brutalidad en su frontera norte y áreas especificas de su territorio nacional.
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