Sunday, October 16, 2011
Saturday, October 8, 2011
Mexicanos indignados por Rápido y Furioso, Receptor Abierto
Vox Populi │
Columna
Por Aurelia Fierros
Por Aurelia Fierros
En
México, políticos, periodistas y el público general reaccionaron con indignación
después de enterarse esta semana que la Operación Rápido y Furioso -programa
federal de los Estados Unidos que permitió la introducción ilegal de más de 2,000
armas de tipo militar a ese país entre 2009 y 2010-, no es sino el remedo de un
operativo anterior, igualmente secreto e ilegal llamado Receptor Abierto, el
cual se ejecutó entre 2006 y 2007.
Más de 40,000 personas han muerto en México desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga en diciembre de 2006, mismo año de la puesta en marcha de Receptor Abierto, que oficialmente y de manera conservadora habría permitido “caminar” unas 500 armas de fuego a través de la frontera sur de EE.UU. y llegar a las manos del crimen organizado.
El jueves, el Senado mexicano exigió al presidente Felipe Calderón protestar formalmente ante el gobierno de los Estados Unidos y denunció púbicamente las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la Republica, Felipe González, dijo que iniciará una moción contra las operaciones secretas de agentes federales de EE.UU. en suelo mexicano.
Un editorial en el diario "La Jornada" se refirió a los dos programas de ‘rastreo’ en el tráfico de armas, cuestionando si Estados Unidos es "aliado o enemigo" de México.
"Mientras el gobierno de George Bush negociaba y firmaba con el de Calderón la Iniciativa Mérida –acuerdo de asistencia bilateral por el cual Washington se comprometió a orientar, asesorar y equipar a las autoridades mexicanas–, desde una oficina pública de Washington se alimentaba la capacidad de fuego de las organizaciones delictivas al sur del río Bravo,” escribió el diario de tendencia izquierdista.
El gobierno de Calderón ha protestado firmemente contra este tipo de operativos y sostiene insistentemente que el 80 por ciento de las armas incautadas a los grupos criminales mexicanos tienen punto de origen en los EE.UU. Aún más, la procuradora general de México, Marisela Morales dijo que la Operación Rápido y Furioso "es un ataque a la seguridad de los mexicanos."
Morales dijo a la prensa mexicana hace una semana -en ese momento, aún sin conocimiento del operativo adicional de ‘control’ de armas de los Estados Unidos- que había exigido una explicación exhaustiva al gobierno de Obama, y también confirmó que al menos 200 asesinatos han ocurrido en México como resultado de la Operación Rápido y Furioso.
De regreso a los EE.UU., mientras que republicanos de la Cámara Baja están llamando a la formación de un consejo especial para averiguar si el Procurador General, Eric Holder, cometió perjurio durante su testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara sobre el controvertido programa, el presidente Barack Obama expresó su "plena confianza" en él.
"Él [Holder] ha sido muy agresivo en la persecución de las operaciones de tráfico de armas y dinero en efectivo, que han estado fluyendo hacia estos cárteles transnacionales", dijo Obama durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el jueves.
Sin embargo, los legisladores insisten en encontrar lo que Holder sabía y en qué momento se enteró de ello. En el mes de mayo, el procurador testificó bajo juramento: "No estoy seguro de la fecha exacta, pero probablemente escuché acerca de Rápido y Furioso por primera vez, en las últimas semanas."
El Representante Raúl Labrador, un republicano de Idaho, pidió la renuncia de Holder después de que unos documentos relacionados con Rápido y Furioso se publicaran esta semana, y mostraran que el funcionario había sido oportunamente informado del operativo, a través de por lo menos cinco memorándums, a partir de julio de 2010.
"Tuve cuidado de no llegar a ninguna conclusión sobre el grado de participación del Sr. Holder. Sin embargo, los documentos recientemente publicados que le vinculan directamente con Rápido y Furioso, me han convencido de que, o está mintiendo, o es extremadamente incompetente ", dijo Labrador en un comunicado.
Rápido y Furioso, a cargo de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF), permitió la compra ilegal de más de 2,000 armas de fuego -incluyendo rifles de calibre .50 para francotirador- muchas de las cuales fueron introducidas ilegalmente a México con la presunta intención de seguirles la pista y localizar a los principales capos mexicanos. Sin embargo, la estrategia prevista para el rastreo del armamento nunca se ejecutó. Algunas armas fueron encontradas más tarde luego de asesinatos de policías y civiles en México; y en los EE.UU., en dos distintas escenas del crimen ocurridas en marzo y diciembre de 2010. En este último incidente, dos armas traficadas bajo Rápido y Furioso fueron halladas al sur de Tucson, en el lugar donde el agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. Brian Terry fue muerto a tiros. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre Receptor Abierto, también implementado por la ATF.
La semana pasada, el gobernador de Texas Rick Perry, actualmente en la carrera por la nominación republicana a la presidencia, dijo en un evento de campaña en Nueva Hampshire que de ganar la elección, consideraría el despliegue de tropas estadounidenses en México, para ayudar a combatir a los cárteles. "Es muy importante para nosotros trabajar con ellos para evitar que se conviertan en un país fallido", explicó.
La propuesta de Perry fue rechazada de inmediato. "Tener botas de EE.UU. en territorio mexicano, no está en la agenda", dijo Arturo Sarukhan, embajador de México en los Estados Unidos.
En términos generales, la población mexicana percibe la alta demanda de drogas ilícitas por parte de los EE.UU., y el tráfico ilegal de armas, como las principales causas del incesante derramamiento de sangre y la creciente brutalidad en su frontera norte y áreas especificas de su territorio nacional.
Más de 40,000 personas han muerto en México desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga en diciembre de 2006, mismo año de la puesta en marcha de Receptor Abierto, que oficialmente y de manera conservadora habría permitido “caminar” unas 500 armas de fuego a través de la frontera sur de EE.UU. y llegar a las manos del crimen organizado.
El jueves, el Senado mexicano exigió al presidente Felipe Calderón protestar formalmente ante el gobierno de los Estados Unidos y denunció púbicamente las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la Republica, Felipe González, dijo que iniciará una moción contra las operaciones secretas de agentes federales de EE.UU. en suelo mexicano.
Un editorial en el diario "La Jornada" se refirió a los dos programas de ‘rastreo’ en el tráfico de armas, cuestionando si Estados Unidos es "aliado o enemigo" de México.
"Mientras el gobierno de George Bush negociaba y firmaba con el de Calderón la Iniciativa Mérida –acuerdo de asistencia bilateral por el cual Washington se comprometió a orientar, asesorar y equipar a las autoridades mexicanas–, desde una oficina pública de Washington se alimentaba la capacidad de fuego de las organizaciones delictivas al sur del río Bravo,” escribió el diario de tendencia izquierdista.
El gobierno de Calderón ha protestado firmemente contra este tipo de operativos y sostiene insistentemente que el 80 por ciento de las armas incautadas a los grupos criminales mexicanos tienen punto de origen en los EE.UU. Aún más, la procuradora general de México, Marisela Morales dijo que la Operación Rápido y Furioso "es un ataque a la seguridad de los mexicanos."
Morales dijo a la prensa mexicana hace una semana -en ese momento, aún sin conocimiento del operativo adicional de ‘control’ de armas de los Estados Unidos- que había exigido una explicación exhaustiva al gobierno de Obama, y también confirmó que al menos 200 asesinatos han ocurrido en México como resultado de la Operación Rápido y Furioso.
De regreso a los EE.UU., mientras que republicanos de la Cámara Baja están llamando a la formación de un consejo especial para averiguar si el Procurador General, Eric Holder, cometió perjurio durante su testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara sobre el controvertido programa, el presidente Barack Obama expresó su "plena confianza" en él.
"Él [Holder] ha sido muy agresivo en la persecución de las operaciones de tráfico de armas y dinero en efectivo, que han estado fluyendo hacia estos cárteles transnacionales", dijo Obama durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el jueves.
Sin embargo, los legisladores insisten en encontrar lo que Holder sabía y en qué momento se enteró de ello. En el mes de mayo, el procurador testificó bajo juramento: "No estoy seguro de la fecha exacta, pero probablemente escuché acerca de Rápido y Furioso por primera vez, en las últimas semanas."
El Representante Raúl Labrador, un republicano de Idaho, pidió la renuncia de Holder después de que unos documentos relacionados con Rápido y Furioso se publicaran esta semana, y mostraran que el funcionario había sido oportunamente informado del operativo, a través de por lo menos cinco memorándums, a partir de julio de 2010.
"Tuve cuidado de no llegar a ninguna conclusión sobre el grado de participación del Sr. Holder. Sin embargo, los documentos recientemente publicados que le vinculan directamente con Rápido y Furioso, me han convencido de que, o está mintiendo, o es extremadamente incompetente ", dijo Labrador en un comunicado.
Rápido y Furioso, a cargo de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF), permitió la compra ilegal de más de 2,000 armas de fuego -incluyendo rifles de calibre .50 para francotirador- muchas de las cuales fueron introducidas ilegalmente a México con la presunta intención de seguirles la pista y localizar a los principales capos mexicanos. Sin embargo, la estrategia prevista para el rastreo del armamento nunca se ejecutó. Algunas armas fueron encontradas más tarde luego de asesinatos de policías y civiles en México; y en los EE.UU., en dos distintas escenas del crimen ocurridas en marzo y diciembre de 2010. En este último incidente, dos armas traficadas bajo Rápido y Furioso fueron halladas al sur de Tucson, en el lugar donde el agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. Brian Terry fue muerto a tiros. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre Receptor Abierto, también implementado por la ATF.
La semana pasada, el gobernador de Texas Rick Perry, actualmente en la carrera por la nominación republicana a la presidencia, dijo en un evento de campaña en Nueva Hampshire que de ganar la elección, consideraría el despliegue de tropas estadounidenses en México, para ayudar a combatir a los cárteles. "Es muy importante para nosotros trabajar con ellos para evitar que se conviertan en un país fallido", explicó.
La propuesta de Perry fue rechazada de inmediato. "Tener botas de EE.UU. en territorio mexicano, no está en la agenda", dijo Arturo Sarukhan, embajador de México en los Estados Unidos.
En términos generales, la población mexicana percibe la alta demanda de drogas ilícitas por parte de los EE.UU., y el tráfico ilegal de armas, como las principales causas del incesante derramamiento de sangre y la creciente brutalidad en su frontera norte y áreas especificas de su territorio nacional.
Mexicans Irate About Fast and Furious, Wide Receiver
The Aurelia Fierros' Report │ Column
Mexican politicians, analysts and the general public are irate after learning this week that Operation Fast and Furious, the US federal program that allowed more than 2,000 military-style weapons to flow illegally into Mexico between 2009 and 2010, happens to be copycat of a previous undercover and similarly illicit sting called Wide Receiver, an operation ran between 2006 and 2007.
More than 40,000 people have been killed in Mexico since President Felipe Calderon declared war on drug cartels on December 2006, same year of the launching of Operation Wide Receiver, which officially –and conservatively speaking- allowed some 500 fire-arms to “walk” across the border and get to the hands of organized crime.
The Mexican Senate demanded President Felipe Calderon to protest before the United States government and complained about both the Fast and Furious and Wide Receiver operations, Thursday. The president of the Senate’s public safety committee, Felipe Gonzalez, said that he will protest against US federal agents running secret operations in Mexican soil.
An editorial in the daily “La Jornada” regarding the two gunrunning programs, questioned whether the US is an "ally or enemy" of Mexico.
“While the Bush administration negotiated and signed the Merida Initiative -agreement of bilateral assistance through which Washington made a commitment to guide, counsel and equip Mexican authorities; the artillery’s capabilities of delinquent organizations south of the Rio Bravo were being fed from an office in Washington,” wrote the left-leaning newspaper.
The Calderon administration has firmly protested against the cited stings and has consistently affirmed that 80 percent of the weapons seized to Mexican criminal groups have been traced back to the US. Furthermore, Mexico’s attorney general Marisela Morales called Operation Fast and Furious “an attack on Mexicans’ security.”
Morales told the Mexican press over a week ago -at that time, unaware of the additional U.S. gunrunning probe- she had demanded a full explanation from the United States government, and also confirmed that at least 200 murders have occurred in Mexico as a result of Operation Fast and Furious.
Back in the US, while House Republicans are calling for a special counsel to find out if Attorney General Eric Holder perjured himself during his testimony to the House Judiciary Committee on the controversial program, President Barack Obama voiced “complete confidence" in him.
The Mexican Senate demanded President Felipe Calderon to protest before the United States government and complained about both the Fast and Furious and Wide Receiver operations, Thursday. The president of the Senate’s public safety committee, Felipe Gonzalez, said that he will protest against US federal agents running secret operations in Mexican soil.
An editorial in the daily “La Jornada” regarding the two gunrunning programs, questioned whether the US is an "ally or enemy" of Mexico.
“While the Bush administration negotiated and signed the Merida Initiative -agreement of bilateral assistance through which Washington made a commitment to guide, counsel and equip Mexican authorities; the artillery’s capabilities of delinquent organizations south of the Rio Bravo were being fed from an office in Washington,” wrote the left-leaning newspaper.
The Calderon administration has firmly protested against the cited stings and has consistently affirmed that 80 percent of the weapons seized to Mexican criminal groups have been traced back to the US. Furthermore, Mexico’s attorney general Marisela Morales called Operation Fast and Furious “an attack on Mexicans’ security.”
Morales told the Mexican press over a week ago -at that time, unaware of the additional U.S. gunrunning probe- she had demanded a full explanation from the United States government, and also confirmed that at least 200 murders have occurred in Mexico as a result of Operation Fast and Furious.
Back in the US, while House Republicans are calling for a special counsel to find out if Attorney General Eric Holder perjured himself during his testimony to the House Judiciary Committee on the controversial program, President Barack Obama voiced “complete confidence" in him.
"He [Holder] has been very aggressive in going after gunrunning and cash transactions that have been going to these transnational drug cartels," Obama said during a White House press conference, Thursday.
Still, the House legislators insist in finding out what Holder knew and when he learned about it. In the month of May, Holder testified under oath: "I'm not sure of the exact date, but I probably heard about Fast and Furious for the first time over the last few weeks."
Rep. Raul Labrador, an Idaho Republican, called on Holder to resign after “Fast and Furious” documents were released showing he had been timely informed, through at least five memos beginning July 2010.
“I was careful to not jump to any conclusions about the extent of Mr. Holder’s involvement. However, the recently published documents that directly link Mr. Holder to Fast and Furious have convinced me that he is either lying or grossly incompetent,” Labrador said in a release.
Fast and Furious, run by the United States Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF,) between 2009 and 2010, allowed the illegal purchase of more than 2,000 weapons -including .50-caliber sniper rifles- many of which were smuggled to Mexico with the alleged intention to track them down and locate Mexican drug lords. The intended strategy on tracing the devices was never executed. Some later were traced to murders of police and civilians in Mexico and in the US in two separate crime scenes in March, and December 2010. In this last incident, two Operation Fast and Furious weapons were found at the site where US Border Patrol Agent Brian Terry was shot and killed, south of Tucson. No more details about Wide Receiver –also ran by ATF- have been released as yet.
Fast and Furious, run by the United States Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF,) between 2009 and 2010, allowed the illegal purchase of more than 2,000 weapons -including .50-caliber sniper rifles- many of which were smuggled to Mexico with the alleged intention to track them down and locate Mexican drug lords. The intended strategy on tracing the devices was never executed. Some later were traced to murders of police and civilians in Mexico and in the US in two separate crime scenes in March, and December 2010. In this last incident, two Operation Fast and Furious weapons were found at the site where US Border Patrol Agent Brian Terry was shot and killed, south of Tucson. No more details about Wide Receiver –also ran by ATF- have been released as yet.
Last week, Texas Governor Rick Perry, currently running for the Republican presidential nomination, said at a town hall in New Hampshire that he would consider deploying American troops to Mexico to help fight the cartels. “It is very important for us to work with them to keep that country from failing,” he explained.
Perry’s suggestion came under fire immediately. “US boots on the ground in Mexico is not in the books,” said Arturo Sarukhan, Mexico’s ambassador to the United States.
Generally speaking, the Mexican population perceives the US high demand for illicit drugs and the illegal traffic of weapons, as the main reasons for the bloodshed and increasing brutality south of the border.
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